La situación de la diputada Catalina Pérez, formalizada por fraude al fisco y sujeta a arresto domiciliario total, plantea serias interrogantes sobre la ética y la funcionalidad del sistema parlamentario chileno. A pesar de encontrarse imposibilitada para ejercer sus funciones legislativas, incluyendo la asistencia a sesiones y comisiones, la diputada continuará percibiendo su remuneración íntegra.
Esta circunstancia resulta particularmente llamativa, dado que la diputada Pérez no puede cumplir con las responsabilidades inherentes a su cargo, mientras que su equipo distrital, contratado de forma permanente, mantiene su actividad laboral, aunque la investigación judicial se centre exclusivamente en la figura de la legisladora.
Formalizada por tres delitos de fraude al fisco, tras una investigación que vincula su participación en convenios irregulares entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, la diputada Pérez ha declarado su inocencia y se encuentra cumpliendo el arresto domiciliario en la residencia de sus padres en Santiago.
Esta situación, sin embargo, no altera su derecho a percibir su sueldo como parlamentaria, generando un debate sobre la correspondencia entre remuneración y capacidad funcional en el ejercicio del cargo público.