Diputados del Partido Social Cristiano e Independientes anunciaron este martes una Acusación Constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Esto conocidos los últimos antecedentes tras el Caso Convenios.
Se trata de las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, acompañadas de Yovana Ahumada y también su par Gloria Naveillan, además de Roberto Arroyo.
“Chile no soporta más actos de corrupción que no tengan responsables políticos en un fraude al fisco sin precedentes”, dijo la diputada Sara Concha, presidenta del Partido Social Cristiano, consignó 24Horas.
Según expuso la parlamentaria, el libelo será presentado la próxima semana.
En ese sentido la diputada de Avancemos Chile, Yovana Ahumada, agregó que “en las acusaciones constitucionales todos hemos visto qué ocurre, se levanta y muchos en el camino se caen. La corrupción no tiene cabida en este Congreso”.
Por su parte la diputada Gloria Naveillán señaló que “una acusación constitucional se hace cuando hay una persona con un cargo público, como el ministro de Estado, no ha hecho el trabajo que debe hacer y que además, ha cometido faltas a la Constitución”.
El jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que su colectividad “no va a apoyar la Acusación Constitucional y la UDI no va a prestar ninguna firma”.
Mientras que el diputado Agustín Romero (Republicanos) sostuvo que “como bancada del Partido Republicano hemos dicho que vamos a estudiar los antecedentes. Ahora, yo quiero ser bien claro, aquí no es mejor el que llega primero, sino que lo importante es que los antecedentes tengan mérito para llegar a un buen resultado”.
Desde Evópoli, Francisco Undurraga añadió que “nosotros no estamos en este instante por acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda. Nosotros creemos que, en primer lugar, desde la sede política tenemos que esperar el informe de la Comisión Investigadora”.
Mientras que el diputado de RN, Frank Sauerbaum, manifestó que “nosotros vamos a esperar los resultados de la comisión investigadora y no descartamos ninguna medida, en la medida que tengamos todos los antecedentes en la mano y no improvisemos una acusación constitucional que finalmente pueda terminar enrareciendo el ambiente y siendo injusto con quienes hoy día puedan no tener responsabilidad”.