Diputados de Renovación Nacional solicitaron ante la Contraloría General de la República una auditoría que fiscalice el pago de pensiones de gracia concedidas a personas afectadas durante el estallido social.
En específico, la petición busca que el órgano contralor revise el método en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acreditó los casos que posteriormente recibieron un beneficio económico por parte del Ministerio del Interior.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, diputado Andrés Longton, criticó las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley que busca regular los mecanismos de entrega de este beneficio.
"Creemos que es inadmisible, inaceptable e indignante, que con recursos públicos de todos los chilenos, incluso en algunos casos con cifras que superan los 500 mil pesos, se esté beneficiando a delincuentes", declaró el diputado.
"Esto es un proceso fallido, que no se realizó de buena manera por parte del INDH, creemos que eso es inaceptable y debe ser revertido lo antes posible por parte de este Gobierno", agregó.
"Las indicaciones que ha presentado el Gobierno son precisamente hacia el futuro y no para dejar sin efecto estas pensiones que claramente son vergonzosas", señaló Longton.
En total son 418 los beneficiarios posteriores a octubre de 2019, de los cuales el 10% de estos posee condenas penales por delitos cometidos durante las administraciones del expresidente Sebastian Piñera y el Presidente Gabriel Boric.
Actualmente, el proyecto que busca impedir la aplicación de esta pensión a personas con condenas penales se encuentra siendo discutido en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja, en su primer trámite y sin urgencia.
#EstamosAhí: La bancada de diputados de RN solicita a la Contraloría una auditoría para fiscalizar el uso de los recursos públicos en el pago de pensiones de gracia.
— Mediabanco (@mediabanco) January 15, 2024
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